El crimen organizado ha existido desde que existen las leyes, siempre ha habido personas y grupos quienes quebrantando el ordenamiento jurídico, social y moral de las sociedades han tratado de sacar provecho de lo prohibido en cierto momento y lugar de la historia. Sin importar el país ni su nivel de desarrollo, el dinero obtenido de estos actos ilícitos era insertado a la economía legal. Con la globalización de los mercados estas organizaciones tiene una mayor gama de opciones para intentar invertir y limpiar así sus ganancias. Las estadísticas sobre el lavado de dinero son asombrosas, y nos damos cuenta de la incidencia que tiene este delito cuando el Fondo Internacional (FMI) estima que el monto que se lava en un año a nivel mundial representa del 2% al 5% del PBI, mientras que para América Latina una estimación bruta parece ubicarlo entre el 2,5% y 6,30% del PIB regional anual.
Hoy en día, con los avances jurídicos, tecnológicos y democráticos hemos logrado que esta inserción de capitales a las economías mundiales sea cada vez más difícil. Puesto que, aunque el nivel de tolerancia mundial hacia el Lavado de Activos siempre ha sido bajo, han existido países que no cooperan con la lucha contra este delito. Sin embargo, podemos afirmar que el índice ha disminuido habiendo hoy muy pocos países y territorios que no cooperan con los organismos internacionales. Pero esto no significa que la labor que tienen los países se ha simplificado, muy por el contrario, mientras mayor seguridad existe en los mercados más complicado y difícil de detectar se torna el blanqueo de capitales.
El lavado de activo es un tema de gran interés para economías en desarrollo como la nuestra, donde las reglas aunque claras, son relativamente nuevas lo que permite a los que practican esta actividad nutrirse de los huecos del sistema para poder invertir dinero fruto del narcotráfico u otras actividades ilícitas para así “blanquear” sus activos.
Al mismo tiempo tenemos una economía mayormente de servicios, por lo que también estamos expuestos a ser utilizados para el lavado de capitales. La fuente principales de divisas de la República Dominicana es el dólar generado por el turismo, las zonas francas y las remesas de los dominicanos residentes en el exterior. Por medio de estas actividades y muchas otras de naturaleza comercial, capital generado por actividades ilícitas entran a nuestro país. Para estos propósitos se utilizan servicios electrónicos bancarios y uno bancarios ofrecidos de manera legítima por el instituciones nacionales e internacionales, las cuales ofrecen circunstancias ideales para el lavado de activos.
Es por ello que en nuestro país es de suma importancia la capacitación en esta área, no sólo para los jueces que deben estar preparados para afrontar este delito en los tribunales, sino también abogados, banqueros, corredores inmobiliarios, entre otros, deberían tener conocimientos específicos orientados a sus funciones, con miras a prevenir la ejecución de dicho crimen.
Desde hace algunos años nuestros país posee normativas legales que sancionan, tipifican, y hasta de controlar el lavado de activos, sin embargo como signatario de múltiples convenciones, tratados y declaraciones internacionales a los que se ha comprometido con la finalidad de controlar y combatir dicho delito. Con estos fines en mente fue que se promulgó en el 2002 la “ley contra el lavado de activos provenientes de tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas y otras infracciones graves”. Con esta promulgación nuestro país continúa con mayor fuerza la lucha contra uno de los males que corroe nuestra sociedad.
Es por esto que un grupo de expertos a solicitud de la Escuela Nacional de la Judicatura y con el financiamiento d ella USAID, a través de su programa justicia y Gobernabilidad /DPK han aunado esfuerzos para crear este libro que tienen hoy en sus manos, el cual al mismo tiempo se utilizará como bibliografía exigida para el Curso Virtual de Lavado de Activos que ofertará la Escuela Nacional de la Judicatura en el año 2005. En espera de que esta iniciativa, que busca capacitar a distancia a la mayor cantidad de profesionales, empezando con los jueces, aumente la demanda de información sobre el tema e incentive a más juristas criollos a escribir e investigar sobre el tema, para lograr así que lo profesionales dominicanos tengan opciones de capacitación sobre el tema.
Dr. Jorge A. Subero Isa.
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana en el año 2005.
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